El sector de la hostelería es el alma de la cultura española. No se entendería nuestra forma de ser sin los bares, los restaurantes, las tabernas y sus barras y terrazas. Su delicada situación lleva siendo el reflejo de la incidencia del coronavirus en la sociedad desde hace poco más de un año. De hecho, la facturación del sector de la hostelería cayó un 50% en 2020 y desde el inicio de la pandemia han cerrado aproximadamente 100.000 bares, restaurantes y cafeterías, de acuerdo con cifras de Hostelería España. Una situación que se ha visto acelerada por cambios no consensuados y poco claros en las normativas, cierres completos durante largos periodos de tiempo y pocas ayudas directas a un sector que está en serio peligro.

«El sector de la hostelería ha sido el principal afectado por esta situación», asegura Ricardo Navarro, abogado de Reclama Hostelería, una asociación de despachos de Valencia que «surge como respuesta a la grave situación que viene soportando la hostelería como consecuencia de las medidas adoptadas durante los estados de alarma» y que pretende «dar soporte a las necesidades de hosteleros, comerciantes y empresarios para que puedan reclamar los daños y perjuicios que vienen sufriendo», con actividad en la Comunitat Valenciana. Las restricciones y limitaciones vigentes desde la aprobación del primer estado de alarma de hace un año sirven de motor para la labor de Reclama Hostelería. «Se trata de compensarles por todos esos esfuerzos que están haciendo y por las pérdidas que vienen acumulando como consecuencia de actos que no les son imputables», apunta Navarro.

Muchos negocios del sector no han soportado el hecho de permanecer cerrados durante varios meses. Otros han resistido a duras penas a la expectativa de ayudas que nunca llegan y que, cuando lo hacen, no alcanzan a sufragar las pérdidas sufridas. Esas circunstancias, unidas a la desconfianza que reina en el sector, ha motivado que muchos de ellos no hayan dudado en contactar con esta unión de profesionales del Derecho para que se encarguen de «estudiar la viabilidad de cada reclamación y en su caso, reclamar tanto administrativa como judicialmente si fuera procedente, las indemnizaciones que les pudieran corresponder, poniendo a disposición de cada cliente nuestro equipo de abogados, economistas y procuradores», detalla.

«Se trata de estudiar cada caso concreto y defender los intereses de este núcleo de la sociedad que ha resultado tan perjudicado. Hay que darles soporte y evitar que asuman ellos solos las consecuencias», enfatiza Navarro, quien añade que ofrecen «precios muy asequibles» conscientes de la situación que vienen atravesando, para permitir a sus clientes el acceso a estas reclamaciones, evitando así que pierdan el derecho a reclamar, lo que sucederá en el caso de que no reclamen dentro del plazo previsto para ello. El abogado recuerda que la propia Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio es la que prevé la posibilidad de reclamar, y su artículo 3.2 recoge expresamente: «Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

Sectores a los que ayudar

Reclama Hostelería se dirige principalmente al sector de la hostelería por la especial incidencia y afectación que han tenido las medidas adoptadas en dicho sector, si bien no son el único gremio que está recurriendo a los servicios de este grupo de abogados valencianos. Otros ejemplos son los hoteles, zapaterías, apartamentos turísticos, discotecas y en definitiva, relata Navarro, «según prevé la propia ley, cualquiera que haya sufrido de forma directa o en su persona derechos o bienes, daños y perjuicios provocados por los actos y disposiciones acordados durante el estado de alarma que no les sean imputables».

El proyecto, que ha nacido al calor de las necesidades provocadas por la pandemia y las declaraciones de estado de alarma, tiene vocación de continuidad. Se trata, puntualiza Navarro, de «cumplir con el compromiso adquirido con nuestros clientes, afrontar cada reclamación con las máximas garantías posibles y, conscientes de que previsiblemente no vamos a obtener una respuesta a corto plazo, proceder siempre con la firme intención de corresponder a la confianza que han depositado en nosotros», concluye.